La ley integral contra el lavado de activos aprobada en 2017 y reglamentada el año pasado, incluyó a las organizaciones sin fines de lucro como sujetos obligados a aplicar controles sobre el origen de los fondos y a realizar reportes de operaciones sospechosas (ROS). Así es que iglesias, clubes deportivos, partidos políticos y sindicatos, entre otras entidades, se están preparando para cumplir con esta obligación.